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La reforma de la Ley de Costas se publicó en el BOE el pasado 30 de mayo. Entonces empezó a correr el reloj para salvar de la demolición a la mayoría de las más de 13000 edificaciones situadas, sólo en Galicia, a menos de 100 metros de la bajamar; en aldeas que existieron siempre pero crecieron ‘de más’ en los últimos 30 años a golpe del ‘ti vai facendo’. Hay otros dos meses de plazo en los que mucha gente tiene que hacer muchas cosas. Para el 9 de julio hay prevista una reunión en el Gaiás (también… vaya sitio: terreno ‘neutral’ en cuanto a costa se refiere) en la que expertos del Ministerio de Medio Ambiente explicarán a técnicos municipales (y no municipales) los trámites necesarios para evitar esas sanciones y esos derribos. Para los núcleos delimitados en los que haya viviendas en zona de servidumbre, cuando el Concello en cuestión cuente con Plan Xeral de Ordenación Municipal (caso de Oleiros); hay que certificar que, al menos, un tercio de la superficie ‘delimitada’ dentro de esa línea de 100 metros (servidumbre) está consumida, es decir, edificada; y que la totalidad de las parcelas cuentan con acceso y servicios. Si no lo están o no cuentan con ese acceso o esos servicios, hay que ponerlos, al menos, sobre el papel. Hoy, además, ha circulado una nota por los concellos en la que se llama la atención por algo más preocupante: las viviendas sobre las que pesa orden efectiva de derribo. En Oleiros hay tres edificaciones en esta situación. La Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta de Galicia informa a los Concellos de las medidas que deben adoptar para evitar el derribo de estas edificaciones que con la reforma de la Ley de Costas planteada podrían quedar legalizadas. La APLU se ofrece a estudiar caso por caso los expedientes que cuenten con una certificación del Concello conforme se cumplen los requisitos de la actual reforma de la Ley de Costas; lo que significaría ‘suspender’ cautelarmente la ejecución de los derribos y todas las multas coercitivas impuestas hasta resolver; para lo que dispone de un plazo de 18 meses. En esos 18 meses se supone que la reforma planteada podría estar en plena aplicación; con lo que se salvarían esas edificaciones y a sus familias.